Elías inmobiliaria

 

Ampliación de la duración de los contratos de alquiler


El pasado martes 18 de diciembre de 2018 fue publicado en el BOE el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

El gobierno ha aprobado mediante Real Decreto-ley una ampliación de la duración mínima legal en la que los inquilinos pueden permanecer en el inmueble  junto con otras medidas.

El decreto-ley modifica cinco leyes: la de Arrendamientos Urbanos, la de Propiedad Horizontal, la de Enjuiciamiento Civil, la Reguladorea de las Haciendas Locales y la del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ¿Como quedan los nuevos contratos de alquiler?

La principal novedad es que se amplía de 3 a 5 años el plazo mínimo legal en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda (7 años si el arrendador es una persona jurídica). Esta medida solo afectará a todos los contrato que se firmen a partir del miercoles 19 de diciembre de 2018, pues no tiene caracter retroactivo. También se aumenta el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años: cuando el nuevo contrato se extinga, este se podrá alargar un mínimo de tres años.

Otras medidas que se aprueban:

Límite a dos mensualidades de fianza:

Hasta ahora el propietario podía solicitar al inquilino la cantidad que considerara oportuna en concepto de fianza. Desde el día 19/12/2018, esto ya no será así: El arrendatario solo deberá pagar un máximo de dos mensualidades antes de entrar en su nueva vivienda.

Gastos de gestión:

Otra medida que entra en vigor para rebajar la carga económica para los inquilinos cuando firman un nuevo contrato es el traspaso de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Estos gastos que desde ahora correrán a cargo del arrendador, cuando esta sea persona jurídica, salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.

Acuerdos para reformas:

Si el inquilino quiere realizar reformas en su vivienda, ahora lo tendrá más facil. El acuerdo entre el propietario y el inquilino para la mejora o renovación del inmueble se podrán adoptar durante el contrato y no tener que esperar a que finalice el contrato.

Exención de impuestos:

Si el arrendamiento de la vivienda es para uso permanente, el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados queda exento. De esta manera se reducen las cargas fiscales, aunque en contratos entre particulares muchas personas ya no los pagaban.

Modificaciones en el IBI:

Se elimina la obligación de repercutir en el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda. También los ayuntamientos con superávit podrán destinar la tasa a promover su parque de vivienda pública.

Se habilita a los ayuntamientos la posiblilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado. Se establecen las bases y garantías para la definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la ampliación por parte de los ayuntamientos del recargo en el IBI establecido en el 2002.

Alquiler turístico:

Debido al auge del alquiler turístico, desde ahora se habilita la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, en las comunidades de vecinos puedan adoptarse acuerdos que limiten o condicionen el alquiler turístico de vivienda, con el fin de favorecer la convivencia en los edificios de viviendas.

Desahucios:

El procedimiento de desahucio queda modificado, pues desde ahora el juez deberá notificar a los servicios sociales la situación de vulnerabilidad de la familia afectada. El proceso se paralizará un mes o dos si el arrendador es una persona jurídica, hasta que los servicios sociales encuentren una solución.

Fuente: La Vanguardia.

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